Desde principios de febrero, el mundo fue sacudido por una enfermedad viral proveniente de China. Este virus se ha propagado rápidamente, provocando reacciones en cadena en detrimento de las economías del mundo a nivel local y regional. Lo mismo es cierto en nuestro país, ya que a raíz de la pandemia de Coronavirus COVID-19 la incertidumbre social se ha traducido en incertidumbre para los mercados financieros y, a su vez, para el sector financiero en general.

En relación con ello, brevemente comentaremos la legislación y la doctrina mexicana en materia de caso fortuito y fuerza mayor así como la teoría de la imprevisión, en el contexto del incumplimiento de pagos por situaciones de emergencia como la que enfrenta el mundo.

Nuestro sistema de responsabilidades civiles se basa en la noción de la “culpa o negligencia”. Al respecto, nuestro Código Civil Federal (el cual se ha replicado en la mayoría de las entidades federativas) establece que no habrá consecuencias legales en perjuicio del deudor cuando este no haya cumplido con su obligación de pago por culpa del acreedor de la obligación, por caso fortuito (circunstancia irresistible de la naturaleza) o por fuerza mayor (circunstancia irresistible provocada por el ser humano).

Aunque no existe una definición en la legislación mexicana de caso fortuito y fuerza mayor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales judiciales definen dichos eventos como aquellos donde “ (…) existe un obstáculo proveniente de la naturaleza o del hombre, que le imposibilita física o jurídicamente cumplir cabalmente, de modo que el fenómeno de la naturaleza, hecho social grave o acto de autoridad pública irresistible, por inimpugnable, incide en el objeto principal de la obligación contraída”. De acuerdo con estos mismos tribunales, el caso fortuito y la fuerza mayor tienen las siguientes características: a) el obstáculo es externo a la voluntad del deudor; b) el obstáculo es insuperable o irresistible, o el mismo es inevitable; c) el evento era impredecible al momento de redactar el contrato y d) el obstáculo impide el cumplimiento de la obligación de pago de manera absoluta.

Ni el caso fortuito ni la fuerza mayor serán aplicables si el deudor contribuyó a provocar el obstáculo que imposibilita el pago de sus obligaciones, si éste ha aceptado ese riesgo de manera expresa (a través de una cláusula del contrato, por ejemplo), o bien, que la ley le atribuya dicha responsabilidad.

Hay supuestos especiales en los que ni el caso fortuito ni la fuerza mayor son aplicables. Tal es el caso, por ejemplo, de un gestor (persona encargada de los negocios de otra) que actúa de forma irresponsable con el patrimonio de otra o en el arrendamiento financiero.

Por otra parte el Código Civil para el Distrito Federal (al cual se encuentran sujetos muchos contratos mexicanos) establece la “teoría de la imprevisión”, la cual se concreta en la regla que establece que “… cuando en los contratos sujetos a plazo, condición o de tracto sucesivo, surjan en el intervalo acontecimientos extraordinarios de carácter nacional que no fuesen posibles de prever y que generen que las obligaciones de una de las partes sean más onerosas, dicha parte podrá intentar la acción tendiente a recuperar el equilibrio entre las obligaciones conforme al procedimiento señalado en el siguiente artículo.”. Asimismo, dicho ordenamiento establece un procedimiento para lograr el restablecimiento de dicho equilibrio.

En relación con la pandemia de Coronavirus COVID-19, hasta este momento, las autoridades mexicanas no han emitido comunicados oficiales en relación con las medidas a tomar en caso de incumplimiento de pagos provocados por las circunstancias de emergencia del país. Dado que no existen leyes ni reglamentos que prevean que los deudores pueden incumplir sus obligaciones de pago bajo ninguna circunstancia y, a menos que se haya estipulado en el contrato entre el acreedor y el deudor, para poder invocar la figura de caso fortuito o fuerza mayor, el deudor tendría que hacerlo frente a los tribunales del Poder Judicial, lo cual es costoso e inconveniente. Por el momento no existe ley, reglamento ni disposición alguna que indique que los acreedores de ninguna calidad deben renunciar a exigir su pago, o bien, que los deudores pueden incumplir sus obligaciones de pago a raíz de la pandemia de COVID-19.

Contacto: Eliseo Vite

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